El Gobierno Duque, o mejor dicho el ministro de Hacienda, resolvió cambiarle el nombre a lo que es realmente una reforma tributaria con grandes objetivos, $25 billones.
Como lo más fácil y lo más rápido es subir el IVA y poner más impuestos al trabajo porque los ricos y superricos no se dejan, ese será el foco de esta reforma que conocemos por pedazos. La verdad es que con las mismas cifras del Gobierno sobre los niveles de pobreza (42 %), vulnerables (29 %) y la reducción en el tamaño de la clase media, no es fácil que la mayoría de la población (71 %, a lo que debe sumarse la clase media) tolere semejante golpe que se le viene sin reaccionar. Por ello se encontraron la disculpa perfecta: estamos haciendo este esfuerzo para la mayor transformación social que se ha hecho en Colombia. Es decir, de un momento para otro este Gobierno se volvió supuestamente Robin Hood.
Como siguen las especulaciones —la estrategia del Gobierno ha sido ir soltando a cuentagotas elementos de su propuesta, de manera que aún no se tiene el paquete completo—, es necesario señalar sus tres grandes debilidades. Primero, para ser realmente Robin Hood, la reforma debería hacer lo que es evidente y que los expertos internacionales reconocieron: los ricos, los dueños del capital, no pagan impuestos y por ello el peso de esta reforma debería caer sobre los grandes evasores, estos ricos y superricos que no solo se las han arreglado siempre para evadir, sino que además algunos se han favorecido en medio de la pandemia.
Segundo, el Gobierno tiene una mirada muy restringida y peligrosa de lo que realmente significa una transformación social de este país, con unos de los peores índices de concentración de ingreso, riqueza y tierra del mundo. La política social incluye: estrategias educativas, de salud, sistemas de seguridad social, de seguridad alimentaria, políticas de población, políticas de empleo y… estrategias de protección social para quienes no tengan posibilidad de generar los ingresos que requieren. Pero además hay que tener claro que es en el mercado laboral donde confluyen tanto la política económica que debe generar los empleos necesarios, como la política social que debe preparar el recurso humano para que pueda acceder a empleos que garanticen los medios adecuados para vivir.
Para ponerlo muy en claro, el Gobierno, o minhacienda, llama transformación social a solo una de todas las estrategias que solo en conjunto pueden cambiar la vida de la población. Por ello la crítica más fuerte a este disfraz de la reforma tributaria es que ignora la complejidad de lo que realmente significa esa estrategia que anuncia. Pero, además, y ese el tercer punto crítico, darle limosnas al 40 % de la población, que es lo que pretenden, no la saca de su situación y no hay forma de que logren cubrir a los millones de familias en crisis en estos momentos. Las famosas transferencias condicionadas que llevan décadas antes de la pandemia no lograron cubrir ni siquiera a la mitad de los pobres —lo afirma Fedesarrollo—, pero además los que salieron de la pobreza no se insertaron en la economía, sino que se volvieron vulnerables, con altísima posibilidad de volver a ser pobres. Hoy son el dolor de cabeza de este Gobierno que ni siquiera los ubica y además les da menos que a los pobres, lo equivalente a la línea de indigencia, $160.000. Y eso, sin las críticas a estos subsidios que reforzaron la imagen de mujer cuidadora, quitándole posibilidades de entrar al mercado laboral, y son un incentivo a la informalidad.
Pero los economistas ortodoxos que nunca han entendido la importancia y complejidad de la política social están aplaudiendo esta estrategia. Se equivocan. Lo verán, los impuestos serán regresivos porque las limosnas no van a llegar a esa inmensa población que además lo que más necesita es empleo. De nuevo se trata de dejar una constancia histórica porque, la verdad, es imposible un debate serio sobre este tema tan complejo.
ELESPECTADOR.COM 30-03-2021
