Las organizaciones de pensionados abajo firmantes, después de analizar las difíciles condiciones por las que atraviesan los diversos sectores populares en Colombia, en especial los obreros, campesinos, trabajadores de la salud, estudiantes, maestros, indígenas, afros, pensionados y pequeños propietarios, y teniendo en cuenta que tales situaciones tienden a empeorar, debido a las medidas que el gobierno de Iván Duque Márquez

está imponiendo al pueblo colombiano, amparado en el estado de excepción derivado de la pandemia del coronavirus, hemos decidido hacer la siguiente

Declaración pública:

1. Nos sumamos a todas las voces de los sectores populares, organizados y no organizados, que rechazan la estigmatización, seguimiento y asesinato de líderes sociales y masacres (más de 60 en este año) con lo que el régimen político imperante en Colombia intenta impedir o frenar los procesos de organización y movilización social, al tiempo que consolida el estado de terror que solo favorece los intereses y planes del imperialismo y de las clases explotadoras y dominantes.
2. Reclamamos que sea archivado el proyecto de ley 010 de 2020 con el que se profundiza la privatización de la salud, cambiando solo de nombre a las E.P.S. (por AS, “Aseguradoras en Salud”),  acabando con los regímenes especiales, que han sido el resultado de la lucha y la negociación con los trabajadores, y atentando contra la autonomía universitaria, al autorizar que otras instituciones otorguen títulos de profesionales en salud. Es inaudito que los cambios que se pretenden introducir en el sistema de salud, mantengan en la ruina a la red hospitalaria pública, a las cuales las E.P.S. y el gobierno adeudan más de 9.6 billones de pesos;   y que se haga burla de los trabajadores de la salud manteniendo la precarización de sus condiciones de trabajo (tercerización laboral). Es inaceptable que el gobierno condene al abandono a numerosos habitantes de las regiones más alejadas del país que no tienen acceso a la atención primaria en salud y pretendan que hospitales arruinados por los negociantes de la muerte sobrevivan con la venta de servicios, mientras a los intermediarios les entregarían 40 billones de pesos aproximadamente. ¿Puede el gobierno nacional, violando la ley estatutaria de la salud, convertir este derecho fundamental, en un lucrativo negocio para particulares?.
3. Denunciamos y rechazamos la regresiva reforma laboral y pensional que trata de imponer el gobierno mediante el decreto 1174 de agosto de 2020 (en desarrollo del artículo 193 del Plan Nacional de Desarrollo), queriendo hacernos creer que con ello se da mayor protección a quienes, por trabajar tiempo parcial, obtienen ingresos mensuales por debajo del salario mínimo. Este decreto va en detrimento del empleo y de los ingresos del trabajador, ya que estimula a los empresarios a hacer contratos comerciales por días o por horas, obstaculizando la organización obrera, la contratación colectiva y la posibilidad de obtener una pensión, ya que no se alcanzaría a cotizar lo suficiente para ello.  A lo cual se agrega que si lo patronos no cotizan aportes parafiscales, se golpea a las cajas de Compensación, el SENA y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Esta norma, al flexibilizar las condiciones laborales y la seguridad social de los trabajadores, implementando el mal llamado piso de protección social, se torna, por el contrario, en desprotección para las personas más pobres, que al llegar a la edad de pensionarse solo obtendrán un beneficio económico muy por debajo del salario mínimo (los “BEPS”). Tales medidas solo muestran el servilismo del gobierno y los gremios empresariales  FEDEGAN, FASECOLDA, FENALCO, FEDESARROLLO, ANDI, ACOPI), que no hacen más que aplicar las orientaciones de organismos internacionales como el Banco mundial, el BID, el F.M.I. y la OCDE, los cuales desde hace tiempo pugnan por desmontar las pensiones y reducirlas a un auxilio de vejez, argumentando que la población mayor vive demasiado tiempo y le cotiza muy poco al sistema.
4. Hacemos un llamado al pueblo colombiano, a sus organizaciones sindicales, sociales y de pensionados a mantenernos unidos y a desarrollar las tareas que sean necesarias para defender el derecho a una verdadera seguridad social.
5. Exigimos del gobierno nacional el respeto a los derechos adquiridos por los trabajadores durante largos años de lucha (pensión de jubilación, pensión de invalidez, pensión sanción, retroactividad de las cesantías, mesada 14,  incremento de mesada de acuerdo al salario mínimo y no según el IPC) y a negociar con sus organizaciones los cambios que se deban hacer al sistema de salud, a las formas de contratación laboral y a los regímenes de pensiones, poniendo por encima de los intereses particulares la dignidad y los derechos fundamentales del pueblo).  Así mismo, reclamamos que más de 7 millones de adultos mayores (hayan cotizado o no)  tengan el derecho a la pensión de vejez.
6. Hacemos un llamado a los trabajadores y sus organizaciones al estudio de la normatividad que propone e impone el gobierno actual y a que hagamos un balance de los derechos que se pierden: estabilidad laboral, salario mínimo, vacaciones remuneradas.  Al  desaparecer la posibilidad de acceso a la pensión, se pierde también la protección a la familia del pensionado, que al fallecer éste, disfrutaba de la sustitución pensional. Si observamos las leyes expedidas por los gobiernos neoliberales (ley 91 del 1989, ley 50 de 1990, ley 100 sobre salud, ley 60, entre otras) podemos decir que el estado solo legisla a favor de los empresarios, pero si comparamos estas leyes con las nuevas propuestas (proyecto 010 y decreto 1174 del 27 de agosto de 2020), podemos concluir que el régimen es cada vez más agresivo y arrasa con los derechos adquiridos.  Razón por la cual  a los trabajadores y al pueblo no nos queda otro camino que la organización y la lucha  para derrotar las propuestas gubernamentales y mejorar nuestras conquistas mediante la negociación colectiva.

Invitamos, también, a participar en las jornadas de movilización programadas por diferentes organizaciones:

10 DE OCTUBRE:  INICIO DE MINGA Y MOVILIZACIÓN INDÍGENA, CAMPESINA, AFRO Y POPULAR

Del 12 al 18 de Octubre:  SEMANA DE LA INDIGNACIÓN.   Campamentos.

Domingo 18 de Octubre:  ENCUENTRO SOLIDARIO CON FAMILIAS DESPLAZADAS DEL BAJO CAUCA:  en el barrio GUASIMALITO (Bello)

20 y 21 de Octubre:  PARO NACIONAL DEL MAGISTERIO.

¡POR LA DEFENSA DEL DERECHO AL TRABAJO Y A LA PENSIÓN DIGNA, ABAJO LA NEFASTA REFORMA LABORAL CONTENIDA EN EL DECRETO 1174!

¡POR LA DIGNIFICACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA SALUD Y EL FORTALECIMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA PÚBLICA, ABAJO EL DECRETO 010 DE 2020!    

¡POR LA DEFENSA DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD, ABAJO EL NEGOCIO DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA!

¡ABAJO EL NEGOCIO CON LOS FONDOS PRIVADOS DE PENSIONES!

¡POR EL RESPETO AL DERECHO A LA VIDA Y A LOS LÍDERES SOCIALES, UNIDAD, ORGANIZACIÓN Y LUCHA!  ¡ABAJO EL TERRORISMO DE ESTADO!

Movimiento Nacional de Pensionados de Colombia-  MONPECO

Federación Mixta de Pensionados de Antioquia-  FEMPA

Asociación Nacional de Educadores Pensionados- ANEP

Asociación de Pensionados de Antioquia- APENANT

Asociación de Pensionados de Fabricato

Comisión de Jubilados del Magisterio de Antioquia- ADIDA

Medellín, 13 de Octubre de 2020