El Comando Nacional Unitario (C.N.U), que agrupa las centrales sindicales y las dos pequeñas confederaciones de pensionados, al no lograr acuerdo con por lo menos 29 sectores sociales que constituían la mayoría del Comando Nacional de Paro (C.N.P) decidió “suspender” la magnífica rebelión que mantuvo en vilo al gobierno y las fracciones del partido del orden que lo sustentan desde el pasado 28 de Abril y durante siete semanas, con el apoyo mayoritario de la población colombiana.
Esta decisión hizo evidente la división en el Comando Nacional de Paro, que se había producido desde el 21 de noviembre de 2019 y que persistió a lo largo de los 49 días del levantamiento popular.
Los jóvenes de primera línea, la Minga Indígena, la coordinadora Nacional Sindical, Social y Popular (CNSSP), el Bloque por el Paro Nacional Indefinido (BPNI) y otros sectores, como los pensionados/as, mujeres, campesinos, etc. declararon que el C.N.U y el C.N.P no representaban la totalidad de los sectores que se vincularon al 28A y propusieron mantener la protesta de manera indefinida hasta obligar al gobierno a retroceder en su política de tratar la protesta como al enemigo interno, judicializarla, militarizarla y someterla a prácticas de terrorismo estatal para sofocarla, acompañadas de campañas sistemática de odio, pànico y estigmatización, además de dilatar hasta anular la posibilidad de una salida negociada del conflicto.
Estos sectores asumieron la rebelión del 28 de abril como una lucha de resistencia a las políticas neoliberales, la corrupción, el desempleo, la pobreza, la misería, la brutalidad policial y la guerra, agudizadas en este periodo de gobierno de Uribe-Duque. Por supuesto que no se trataba de una insurrección popular, ni un intento de tomarse el cielo por asalto, porque sus demandas democráticas, además de las consignadas en el pliego de emergencia, incluyen la exigencia de garantías y derechos consagrados en la Constitución, como educación, trabajo, salud, acceso a la vivienda, cumplimiento de los acuerdos de paz y respeto por la vida y el derecho a la protesta pacífica, cese de los abusos y la brutalidad policial en especial de los escuadrones de la muerte que conforman el ESMAD; así como, castigo a los culpables de las masacres ejecutadas en el marco del paro. Es claro que no plantearon el derrocamiento del régimen, pero fueron mas allá del CNP al incluir la exigencia de adelantar las elecciones y demandar la renuncia de todo el gobierno Uribe-Duque. Se trataba de una solución democrática en el marco institucional.
Lo cierto es que con la determinación de “suspender el paro” y “cambiar de táctica”, con el argumento de que el gobierno se había negado a negociar con los voceros del CNP, para dedicarse a tramitar en el Congreso de la República proyectos de ley sobre los siete puntos del pliego de emergencia y volver a las tradicionales e ineficaces convocatorias de plantones y jornadas de 24 horas, lo que se suspendió fue el “paro Nacional” de los sindicatos, cuyas burocrcias se negaron a aceptar que la rebelión juvenil y popular iba más allá de sus propósitos limitados a la posibilidad de obligar al gobierno a negociar el pliego de emergencia. El paro nacional sindical se disolvió por la inercia y los intereses de las cúpulas sindicales, que al verse superadas por las multitudes movilizadas que no pudieron dirigir, optaron por esta salida divisionista y desmovilizadora. Pero la sublevación juvenil y popular se mantuvo en los barrios y en los puntos de resistencia y de avance de las primeras líneas, que bajo la consigna de “El Paro No Para” decidieron mantener activa la movilización, especialmente en Cali, Tuluá, Bogotá, Medellín, Popayán, Barranquilla y Pasto.
Como era de esperarse, luego de la retirada sindical, la respuesta del gobierno, ha sido más brutal y represiva que en el mes anterior, la acción terrorífica del ESMAD y los neo-paramiliatares ha cometido mas de 10 nuevos asesinatos de jóvenes en Bogotá, Cali, Medellín y Tuluá, decenas de jóvenes fueron desaparecidos, centenares de heridos/as y otro tanto heridos/as. El poder autoritario ha aprovechado el desmembramiento de los actores sindicales del paro, para declarar a la juventud rebelde como el nuevo enemigo interno, supuestamente financiado por el castro-chavismo y las grupos guerrileros activos, se los califica de vándalos y terroristas urbanos, para justificar la mayor brutalidad represiva de las fuerzas armadas y parapoliciales.
La intensidad de la violencia contra los focos de resistencia ha llegado a grados alarmantes de terror estatal y paraestatal, mediante prácticas dirigidas a sembrar pánico y producir escarmiento, tanto entre los manifestantes, como en la población en general, la cabeza de un joven de primera línea arrojada en una bolsa plástica al jardín de una casa en Tuluá y los hallazgos de cuerpos desmembrados en distintos lugares del país, son símbolos de la degradación a la que han llegado los cuerpos represivos. Tales prácticas han motivado el pronunciamiento de la CIDH del pasado 24 de junio en el cual “expresa preocupación por los altos niveles de violencia en el país, en particular por los hallazgos de los cuerpos descuartizados de Santiago Ochoa de 23 años, en Tuluá, Valle del Cauca y de Kewvín García de 16 años el 20 de junio, en La Virginia Risaralda, según información, también fueron hallados los cuerpos de tres personas, en bolsas, en Antioquia el 18 de junio, de otras dos personas en Bello el 20 de junio, y en el rio Tuluá se encontró el cuerpo de Hernán Ramirez de 25 años el 21 de junio” (CIDH – IACHR. @CIDH9. “La CIDH exhorta al Estado de Colombia a investigar estos hechos deplorables, con debida diligencia y sancionar a los autores; así mismo. a desarrollar políticas públicas que mitiguen las causas estructurales de la violencia en el país” (@CIDH).
Pero, el hecho incontrastable, vivido a lo largo del paro, es que el pueblo colombiano, no solo ha ratificado su siimpatía y apoyo a las juventudes de las primeras líneas, sino que se han movilizado por millones para expresar su inconformidad y su indignación contra los abusos, la injusticia, la exclusión, la corrupción y el mal gobierno y encausaron su legítima rebeldia por la senda de la lucha por una vida digna y de oportunidades para su realización, lucha que apenas comienza y aún no ha conocido la derrota. Se trata de la continuación de una gesta de largo aliento iniciada el pasado 28 de abril y se ha extendido por mas de 9 semanas, con sus altibajos, pero que se mantiene porque tiene vida propia y autonomía, lejos de cualquier posibilidad de manipulación política, incluso por la izquierda que promueve y participa en el movimiento pero no lo dirige. Se trata de de la legítima rebeldía de los pobres, los de abajo, desprovistos de consideraciones ideológicas y políticas, donde surgen y se destacan las juventudes de los barrios populares, que asumen la voz y actúan en su representación.
En el contexto del paro se percibe “una desilusión por la democracia representativa, que aparece como inoperante, o incluso como un engaño, gran parte de la población considera que Colombia no es una verdadera democracia y expresan un profundo rechazo hacia las élites nacionales, que son percibidas como corruptas, ilegítimas y provocadoras”. (Regis Bar. Periferia Prensa. 28 de junio 2021. La Rosa Roja).
En este escenario de la sublevación popular, ha surgido, como conquista del paro, el nuevo sujeto político que asumirá la voz y la representación de las clases trabajadoras y los pueblos más pobres, marginados, excluidos y expropiados de su futuro. En este sentido han dado pasos significativos las primeras líneas de Cali y Bogotá. Al respecto, en la reciente declaración de las asambleas populares realizadas por las primeras líneas de los puntos de resistencia que se conformaron en esa ciudad anuncian que “se ha constituido la “Unión de Resistencias de Cali” Primera Línea Somos todos – URC, que agrupa los 21 puntos de resistencia que se construyeron en la ciudad, en el marco del paro nacional, como expresión de la protesta social, de miles de ciudadanos/as, inconformes, indignados/as y cansados de tantos abusos y que están en la búsqueda de oportunidades para garantizar una vida digna para todos/as los/as colomianos/as”.
Conciben la URC como un proceso horizontal para construir tejido social en los campos “del arte, la cucltura, los deportes, la escritura y oralidad, como procesos pedagógicos y espacios de paz y solidaridad, de atención a la crisis humanitaria y de salud existentes previo al paro y profundizada durante la pandemia y acciones de gestión económica como los mercados campesinos”. Condenan la criminalización de la protesta social y su estigmatización como “Vándalos y terroristas urbanos” y todas las formas de represión desatada por el gobierno, las desapariciones, los asesinatos y las masacres y denuncian el recrudecimiento del paramilitarismo en grupos como “los Halcones de la muerte” y la “gente de bien” que ejecutaron 58 asesinatos y 93 desapariciones solo en cali, hasta el 31 de mayo.
Finalmente, hacen un llamamiento a la unidad y esbozan una propuesta política y programática que contiene en síntesis las reivindicaciones reclamadas a lo largo del paro, “la URC, invita a todos los puntos de resistencia del país a caminar hacia una articulación que parta desde nuestra bases sociales y escale hacia un diálogo nacional que recoja la diversidad de expresiones de resistencia que siguen en las calles y exigir de conjunto la construcción de poder popular, el alcance de la justicia social, una vida digna, la paz, la democracia, la libertad, la tierra, el trabajo, educación, salud, la soberanía e independencia”.
Por su parte las primeras líneas de Bogotá se han pronunciado en el mismo sentido, en un en vivo desde #Portal Resistencia, uno de sus voceros declaró que “nosotros ya no somos primera línea, somos una resistencia en donde todos somos igualesy luchamos por una causa”, “estamos generando un desarrollo político juvenil, pero de nosotros mismos, con nuestros propios puntos, nuestras propias ideas y nuestras propias bases” “tenemos ideas políticas distintas a las de ellos (se refiere al gobierno), queremos un cambio verdadero…esto no va a parar, esto sigue hasta que Duque renuncie, hasta que este narcoestado cambie”.
Entre tanto los voceros de la primera linea “Escudos azules”, en entrevista con María Jimena Duzan, frente a la pregunta sobre si buscarían un camino institucional, como el de la séptima papeleta de 1990, respondieron “escogimos el camino de la protesta social para cambiar el país de manera civilizada, tenemos la propuesta de la reforma policial y elecciones anticipadas, hay que cambiar el gobierno”. Y a la pregunta si creen en la lucha armada, respondieron de manera categórica “nuestro movimiento trasciende las políticas y los movimientos guerreristas que se han tratado de instalar en el país desde hace mas de 50 años . No queremos armarnos, no hemos tomado las armas, ni las tomaremos a pesar de que nos están matando. Nuestra defensa es el pueblo y las ideas, el camino de las armas no es el adecuado, estamos contra el derramamiento de sangre”, “hemos generado el apoyo popular, la solidaridad y la movilización de la ternura que se ha dado para soñar un país distinto”
Lo que se ha iniciado en el seno de las ahora llamadas resistencias es un proceso de deliberación y organización desde abajo, de asambleas populares y alianzas de indígenas, campesinos y campesinas, grupos barriales y juveniles, artísticos y culturales, trabajadores/as, madres y padres de familia, y muchos sectores sociales y populares, que discuten y mantiene vigentes las propuestas de cambio proclamadas en la movilización, que se desarrollan en las asambleas comunitarias en todo el país.
Este proceso debe ser promovido, acompañado y apoyado, sin pretenciones vanguardistas, por intelectuales, académicos, movimientos sociales, políticos, partidos, redes sociales, etc., comprometidos con la lucha por la democracia y la vida digna, que aporten ideas y propuestas a la reflexión y la deliberación para fortalecer el debate y los procesos organizativos, de abjo hacia arriba, que ya emprendieron las resistencias y los sectores populares.
¡El paro no ha parado!.
José Arnulfo Bayona, Miembro de la Red Socialista de Colombia.
